La Justicia federal resolvió inhibir los bienes del Expresidente además de suspender el secreto fiscal y bancario.
El titular del Juzgado Criminal y Correccional federal 11 hizo lugar a un pedido del fiscal Carlos Rívolo y autorizó la «inhibición general de bienes respecto de las personas físicas y jurídicas», lo que implica «el congelamiento de todas las inversiones y plazos fijos” y datos sobre “si han adherido, aún de forma condicional, alguno de los sinceramientos fiscales y/o al sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional y/o extranjera y demás bienes en el país y en el exterior, incluyendo también a sus familiares”.
El juez le pidió, además, al Banco Central, que le requiera “información a entidades bancarias, financieras, agencias y casas de cambio” respecto de Fernández desde el año 2009.
Lo que busca Ercolini es descubrir la existencia “de algún fondo común de inversión”, así como la “compra venta de moneda extranjera; compra venta de oro amonedado y/o barras de buena entrega; adquisición de tarjetas de crédito y/o débito, con copia de los resúmenes correspondientes, y operaciones pignoraticias (préstamo con bienes como garantía)”.
